La política de Trump de separación de familias ¿fue tortura?

“Un crimen de lesa humanidad” y “una vergüenza para nuestro gran país”: así fue como el último fiscal sobreviviente que enjuició a los nazis por crímenes de guerra en los procesos de Nuremberg, Benjamín Ferencz, caracterizó a sus 99 años la separación coercitiva de miles de niños inmigrantes de sus padres que buscaban asilo.

El ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, a su vez citó una declaración de la Asociación Pediátrica Americana sobre que la política de separación de familias era una forma de “abuso infantil sancionado por el gobierno”, lo que podría causar “daños irreparables” con “consecuencias por el resto de sus vida”.

Al Hussein añadió: “La idea de que algún Estado buscaría disuadir a los padres infligiendo tal abuso sobre los niños es inconcebible.”

Ahora, un informe de Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés), de Estados Unidos, plantea cuestiones de responsabilidad penal y rendición de cuentas derivadas de la política. Y apunta a posibles vías para lograr justicia y reparación para las víctimas.

En el reporte, publicado bajo el título “’Nunca volverá a ver a su hijo’ – Los efectos psicológicos persistentes de la separación familiar”, se argumenta que la separación de los niños inmigrantes de sus padres por parte de oficiales de los servicios de migración de Estados Unidos ocurrida durante la administración de Donald Trump constituye una forma de tortura y desaparición forzada.

La investigación, que documenta las experiencias de familias, incluye las evaluaciones psicológicas realizadas por médicos de PHR de una muestra de solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas de estas personas habían sufrido un promedio de más de 60 días de separación forzada por las autoridades estadounidenses.

Antes de salir de América Central, según el estudio, todas las familias ya habían “sufrido traumas” debido a “actos de violencia selectivos”, la mayor parte por actividades pandilleras. Todos los padres temieron por sus hijos y percibieron que al viajar a Estados Unidos se les ofrecería protección.

Sin embargo, al llegar a territorio estadounidense, el tratamiento por parte del gobierno agudizó el dolor.

“Los padres informaron que las autoridades de migración les quitaron forzosamente  a sus hijos de sus brazos, sacaron a los padres mientras dormían sus niños, o simplemente ‘desaparecieron’ a los niños mientras los padres atendían a los tribunales o recibían atención médica”, dice el reporte.

La mayoría de los padres indicaron que no se les dio explicación alguna de por qué se llevaron a sus hijos, donde estaban albergados, o en qué momento se reunirían.

Varios diagnósticos de salud mental por expertos médicos concluyeron que casi todas las víctimas sufrían de trastornos de estrés postraumático, y que muchos también cumplieron con los criterios para recibir un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada.

Citando la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, la organización aseveró que “el trato por el gobierno de Estados Unidos de los solicitantes de asilo mediante su política de la separación familiar constituye un trato cruel, inhumano y degradante y, en todos los casos evaluados por los expertos de PHR, alcanza el nivel de tortura”.

La investigación encontró que “la política y práctica de la separación familiar también constituye desaparición forzada, la cual ocurre cuando agentes estatales ocultan la suerte o el paradero de una persona privada de libertad”.

El reporte concluye que el gobierno de Estados Unidos es obligado por normas internas e internacionales a “proporcionar reparaciones a las víctimas de tortura y malos tratos, incluso en la forma de servicios de rehabilitación; garantizar que las familias de niños desaparecidos sepan la verdad del paradero de sus familiares mediante la dedicación de recursos gubernamentales adecuados para asegurar la reunificación oportuna de todas las familias separadas, incluso los padres deportados; y enjuiciar a funcionarios estadounidenses que hayan violado la ley”.

Donna McKay, directora ejecutiva de PHR, señaló en un comunicado que las familias que sufrieron este trato deberían recibir “residencia legal en Estados Unidos”, al igual que atención continua de salud mental, y “reparación en compensación monetaria” como recomendó el informe.

McKay instó además al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a cumplir con su promesa de que el grupo de trabajo para la reunificación familiar, propuesto por el presidente Joe Biden, explore “vías legales” a la ciudadanía para las familias separadas. En su pedido exigió “una rendición de cuentas para los autores de la política de separación familiar”.

PHR es una reputada organización no gubernamental con sede en Nueva York que compartió el Premio Nobel de la Paz en 1997.

Entre 2017 y 2019, según el informe de PHR, 5512 niños fueron separados coercitivamente de sus familiares por oficiales fronterizos. De los 1556 niños separados entre el 1 julio 2017 y el 26 junio 2018, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), 207 o 13,3 por ciento tenían menos de cinco años.

En 2018, la ACLU presentó una demanda exitosa, Ms. L v. ICE, en la que una corte federal declaró inconstitucional la práctica y exigió al gobernó que reuniera a todas las familias separadas.

Sin embargo, los daños persisten.

A partir de enero de 2021, más de 611 de los niños separados forzosamente aún no habían sido reunificados con sus padres, según la ACLU.

Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que incluso después del fallo en Ms. L v. ICE, funcionarios de la administración de Trump retrasaron o retuvieron el suministro de datos críticos, y proporcionaron información de contacto obsoleta.

Como resultado, algunos niños quedaron separados de sus padres por casi dos años.

Gelernt me contó en un correo electrónico que la organización actualmente presentó una demanda en Arizona de acción de clase civil en contra de personas responsables de la separación familiar para obtener justicia y reparación por daños pendientes.

Valores familiares y alambre de púas

El alcance completo de la separación familiar, sin embargo, es mucho más amplio que solamente las familias desgarradas por Trump. También abarca a centenares de hijos, hijas, padres y madres inmigrantes residentes de Estados Unidos por varios años, que por deportaciones, encarcelaciones, u otras formas de persecución por razones de estatus migratorio durante las tres previas administraciones llevan varios años separados.

Por ejemplo, muchos de los cientos de miles deportados tras redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) eran padres cuyos hijos se quedaron atrás, a veces sin un apoyo familiar.

Desde el inicio de la administración Trump, las políticas restrictivas a su vez infligieron daños sobre miles de niños que viajaron solos en búsqueda de asilo.

Muchos de los que ya habían sido aceptados para el proceso de asilo fueron encarcelados por largos períodos en condiciones insalubres. Decenas de miles de otros se vieron obligados a esperar sus citas frente a los juzgados en campamentos peligrosos en la zonas fronterizas con México.

Miles más se encontraron bloqueados de pedir asilo por el sistema de cuotas de solicitudes de asilo, lo cual forzó a los solicitantes a poner sus nombres en listas largas e informales, y esperar en México antes de poder incluso acercarse a los oficiales fronterizos. Muchos otros fueron excluidos por cierres extraoficiales, y luego oficiales, de los cruces de frontera.

Gran parte de este «blitzkrieg (guerra relámpago, en alemán)» antinmigrante ha sido duramente criticado por funcionarios internacionales de derechos humanos.

Michelle Bachelet, la actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, dijo que estaba “profundamente perturbada” por las políticas de Trump que habían reducido drásticamente las protecciones para las familias migrantes.

Destacó la separación familiar, los Protocolos de Protección Migratoria (la política de Permanecer en México), “la privación arbitraria de la libertad”, y “la denegación de acceso a servicios y asistencia humanitarios.”

Erika Guevara-Rosas, la directora de Amnistía International para las Américas, aseveró: “Los esfuerzos de Trump para acabar con el asilo son un asalto total a los derechos humanos. … La obligación de proteger los derechos de personas que buscan la seguridad es un principio fundamental del derecho internacional y de Estados Unidos, y Estados Unidos está fracasando estrepitosamente».

«La ‘crisis’ en nuestras fronteras no es el resultado de que la gente ‘inunde nuestra frontera’ sino una crisis de políticas xenófobas que se enmascaran como medidas de seguridad y sirven solo para exacerbar el sufrimiento humano”, añadió.

El abuso, la tortura y la desaparición de niños y sus familiares no fueron procesos accidentales. Trump, su entonces fiscal general Jeff Sessions, y sus asesores Stephen L. Miller y Steve Bannon fueron impulsados ideológicamente por lo que se podría llamar un «sadonacionalismo blanco».

Tal como reportó Jen Kirby en la publicación Vox, durante una reunión sobre Haití, El Salvador, y países africanos, Trump se quejó: “¿Por qué queremos aquí a esta gente de todos estos países de mierda (shithole countries)? Deberíamos tener más gente de lugares como Noruega”.[related_articles]

Aproximadamente cuatro quintas partes de todos los inmigrantes en Estados Unidos provienen de América Latina, Asia y África. Así que los operativos de Trump implementaron una serie de prácticas intencionalmente crueles con el objetivo de disuadir cualquier forma de inmigración autorizada o no.

Como si fuera poco, una de las ideas que supuestamente consideraron incluso llego a rozar lo psicótico.

Según dijeron los periodistas Michael D. Shear y Julie Hirschfeld Davis en un artículo en The New York Times, “en privado, el presidente había hablado a menudo de fortalecer un muro fronterizo con una trinchera llena de agua, repleta de serpientes o lagartos, lo que llevó a sus asistentes a buscar una estimación de costos. Él quería que el muro fuera electrificado, con púas encima, capaz de perforar la carne humana”.

También sugirió, según la información, que los soldados dispararan a los migrantes si lanzaban piedras, pero su personal le dijo que esto sería ilegal. Luego propuso que tiren a los migrantes en las piernas para frenarlos, pero otra vez le dijeron que eso no estaba permitido.

Puede ser que la mayoría de los cientos de órdenes ejecutivas y trampas burocráticas que desplegaron los cuadros de Trump no resulten procesables.

Pero a todo tipo de inmigrante les infligieron daños gratuitamente, violaron a sus derechos humanos y civiles, e intentaron demonizarlos. Las múltiples “crisis” fronterizas que produjo y dirigió Trump pintaron una imagen de una frontera desbordada por “hombres malos”, de forma calculada para cargar el odio antinmigrante de su base.

El Refugee Act of 1980 (la Ley de Refugiados de 1980) garantiza a los inmigrantes el derecho de solicitar asilo, no solo en los puertos de entrada, sino en cualquier parte de la frontera.

Sin embargo, para cumplir la política de “cero tolerancia”, se armó una trampa. Atrasaron intencionalmente la recepción de los solicitantes de asilo en puertos de entrada oficiales con un sistema de cuotas.

Luego, cuando un número creciente de gente, que se vieron obligados a esperar semanas o meses en campamentos peligrosos, comenzaron a cruzar la frontera afuera de los puertos de entrada para pedir asilo a la Patrulla Fronteriza – lo que es su derecho legal – los funcionarios los castigaron como una oleada de “extranjeros ilegales” y los detuvieron.

Para obstaculizar aún más el proceso de asilo, Trump implementó su política de Permanecer en México (irónicamente titulada Protocolos de Protección al Migrante), que obligó a más de 70 000 personas con expectativa de audiencias de asilo en Estados Unidos a esperar en México.

La administración también hizo acuerdos con varios gobiernos centroamericanos para enviar a algunos migrantes de regreso a los mismos lugares de donde habían huido en primer lugar.

Los daños acumulativos infligidos por las políticas de Trump eliminaron en efecto el derecho al asilo.

Pero el número creciente de niños y familias que ahora buscan asilo al llegar a la frontera es impulsado por la desesperación de millares de familias migrantes que han quedado varadas en un limbo durante los últimos dos años.

Estos cuellos de botella se han visto exacerbados por los esfuerzos de Trump para socavar muchos programas que previamente habían aceptado e integrado a niños y familias, dejando al personal y la infraestructura en ruinas.

Trágicamente, la mayoría de las crisis y el sufrimiento podrían haberse evitado fácilmente.

Todo que tenía que hacer Trump, en vez de declarar “cero tolerancia”, era tratar a los solicitantes de asilo de manera legal y racional.

Si en lugar de redoblar en su estafa de construir un “muro”, de enviar tropas a la frontera, y de llenar cárceles privadas de inmigrantes, Trump se hubiera movido decididamente para sacar a los solicitantes de asilo de México, traer más agentes de asilo y más administradores de casos a la frontera, expandir los tribunales de inmigración, trabajar con grupos de la sociedad civil para recibir a asilados, y enviar más recurso focalizados a Centroamérica y México, habría habido poco o ningún drama fronterizo y mucho menos desperdicio de recursos públicos.

Pero la fabricación de amenazas y crisis, la criminalización de inmigrantes, y la militarización de la frontera fueron precisamente los objetivos.

La separación familiar y otras formas de persecución de inmigrantes no son únicamente equivocadas, crueles y, a menudo, contra la ley.

Carecen además sin sentido. Los solicitantes de asilo, refugiados, y otros inmigrantes – autorizados y no autorizados – no son una amenaza que se debe rechazar. Al contrario, son humanos que merecen aliento y bienvenida, y colegas trabajadores, atrapados en la resaca de las olas de la economía global.

Son también un recurso valioso para una población estadounidense nativa envejecida: décadas de evidencia demuestra que los beneficios de la inmigración para el pueblo y la economía de este país superan con creces cualquier costo.

La violación de los derechos de inmigrantes también debilita la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando otros países ven a Estados Unidos torturando a niños y padres mientras obstaculiza a solicitantes de asilo y refugiados, la credibilidad de las críticas estadounidenses a los abusos de derechos humanos por otros países se devalúa.

Excavando entre los escombros

El 20 de enero, un paisaje migratorio bombardeado acogió a la administración entrante del presidente Biden. Su primer día en el cargo, el nuevo mandatario envió al Congreso un borrador de legislación que establece un camino a la ciudadanía para la mayoría de los entre 10,5 y 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Pero la nueva administración aún no ha podido aumentar las capacidades lo suficientemente rápido para manejar el atraso de familias sufridas y niños no acompañados en la frontera, ni para reconstruir o reparar gran parte de lo que Trump desmanteló.

Y algunas de las propuestas positivas de Biden parecen estar estancadas en el Congreso debido al agotamiento de las reservas de capital político.

El nuevo grupo de trabajo de reunificación familiar ordenado por Biden y presidido por el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas, se ha puesto a trabajar con prisa. Un expediente judicial reportado por Priscilla Álvarez en CNN mostró que el número de niños y padres todavía separados bajo “cero tolerancia” se había reducido de 611 en enero a 506 a fines de febrero.

Mayorkas dijo a los medios que se estaban arrancando los esfuerzos para traer de regreso a Estados Unidos a los solicitantes de asilo en proceso excluidos bajo la política “Permanecer en México” de Trump, que Biden ha cancelado.

El secretario anunció que las admisiones de los afectados por el programa se han ampliado a tres puertos de entrada estadounidenses. La administración espera darles a las familias separadas la opción de donde reunirse, dijo, y si elijen hacerlo en Estados Unidos, “exploraremos vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y aborden las necesidades familiares”.

Estas compensaciones también deberían ofrecerse a todos los demás que estaban impedido injustamente de solicitar asilo o rechazado de manera equivocado.

La administración Biden también debería asegurarse de que sus políticas fronterizas actuales no estén separando a ninguna familia.

Actualmente, las familias con niños e individuales adultos buscando asilo están siendo devueltos sumariamente en la frontera en la mayoría de las zonas bajo el Título 42, un controvertido reglamento de salud pública promulgada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades bajo Trump. Sin embargo, los niños no acompañados están siendo aceptado en el proceso de asilo en la frontera.

Debido a esta discrepancia, hacer retroceder a las familias podría incentivarlas a ayudar a los niños mayores a escapar los peligros enviándolos a cruzar solos. Cuanto antes se les permita a esas familias cruzar y solicitar asilo juntas, más rápido se reducirán una fuente de niños que cruzan solos y las consecuentes separaciones familiares.

“Transformar la recepción fronteriza a un modelo humanitario requiere que muchas grandes agencias federales implementen un cambio total de enfoques de corto, medio y largo plazo,” escribió Clara Long de la organización Human Rights Watch.

A su juicio, “mientras la administración ha hecho progreso importante, todavía están atrapados chavalos en cárceles fronterizas porque la administración Trump destruyó lo que existía de un sistema para mantener a los niños a salvo en la frontera».

«La situación actual requiere una acción urgente y sostenida para abordar este fracaso. Los procedimientos de reunificación seguros y rápidos deben seguir perfeccionándose, desde el momento en que los niños cruzan la frontera”, consideró.

Más allá de la labor del Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar, la administración Biden no debe dejar que lo pasado sea pasado. Debe abrir investigaciones a múltiples niveles sobre abusos de todo tipo de inmigrante por parte de la administración Trump.

El presidente debería ordenar que los inspectores generales de Justicia, Seguridad Nacional, y otros departamentos pertinentes realicen investigaciones internas.

Los restantes nombramientos políticos de Trump deberían ser examinados y, si corresponde, despedidos o trasladados a lugares donde no puedan causar más daño. Aquellos que se encuentre han violado leyes o regulaciones deberían estar sujetos a acciones legales o administrativas.

El Congreso podría convocar a un comité investigativo, similar al Comité Church de 1975, para indagar sobre los crímenes y abusos de la administración Trump, particularmente en contra los inmigrantes y refugiados, incluyendo las prohibiciones a viajar contra musulmanes y africanos. El comité además debería tener a su cargo recomendar reformas de gran alcance e investigar a los funcionarios responsables.

Por fin, otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales podrían buscar la posibilidad de presentar cargos contra los responsables de la separación familiar ante órganos internacionales de derechos humanos tal como la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra vía a explorar podría ser acciones en los tribunales de otros países, invocando la jurisdicción universal para los crímenes internacionales graves. Esta es la doctrina utilizada por el juez español Baltazar Garzón  para presentar cargos de derechos humanos contra el dictador chileno Augusto Pinochet.

Puede ser que Trump, Miller y sus cómplices no acaben enjuiciados adentro de una cabina de vidrio en Tegucigalpa, por ejemplo.

Pero hay motivos de esperanza para los solicitantes de asilo y los refugiados.

Los movimientos sociales que buscan justicia para los inmigrantes y las organizaciones de derechos humanos deberán sostener presión para obtener respuestas receptivas en todos los niveles del gobierno, para desenredar los delitos, sanar las heridas presentes en todas las víctimas, y castigar a los perpetradores, todo frente a las turbas violentas de la xenofobia y el racismo, espoleados por demagogos republicanos.

Finalmente, será necesario reinventar las leyes, los reglamentos y las prácticas de inmigración para garantizar que los derechos de asilo y refugio, juntos con todos los demás derechos humanos de los inmigrantes, se respeten plenamente en los Estados Unidos.

RV: EG

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